Durante el Gobierno –provisional– de Carlos Dávila, se creó en Chile el Comisariato General de Subsistencia y Precios, mediante el Decreto ley 520. Dependiente del Presidente de la República y poseedor de un conjunto de atribuciones, el propósito de este organismo era "asegurar a todos los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida", tal como aparece estipulado en dicho cuerpo legal.
Este organismo surgió como un ente destinado a enfrentar los efectos de la crisis y la posguerra y buscar fórmulas para asegurar a la población abastecimiento y precios razonables.
Durante el Gobierno de Gabriel González Videla, parte de las facultades del Comisariato se radicaron en el Ministerio de Economía. Sus funciones se redujeron a controlar, fiscalizar y defender a los consumidores de posibles prácticas nocivas y abusivas.
